Lo que menos podía imaginarse la minoritaria formación catalanista Lliga Democràtica, nacida a partir de los restos de la antigua Convergència, es que su bienintencionada petición de indulto para los presos secesionistas acabase en una batería de reproches, no solo contra esa iniciativa, sino también entre los líderes del «procés» encarcelados. Un nuevo balón lanzado al campo de las endémicas disputas en el seno del secesionismo, que parece buscar siempre un motivo para no cesar en las luchas cainistas que le caracterizan.

Lo primero que hizo Jordi Sànchez, líder de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), fue despejar la propuesta con un pelotazo. «No es éticamente correcto pedir el indulto para un preso político sin haberlo hablado antes con él», recriminó ayer Sànchez a la Lliga Democràtica en un hilo de su cuenta personal de Twitter. Y añadió que, si Àstrid Barrios, una de las promotoras, hubiera hablado antes con él, le habría dicho que no quiere el indulto porque «la solución al conflicto político no pasa por soluciones individuales» sino por «resolver la situación de todos los encausados y también exiliados», en referencia a los líderes fugados de la justicia española, con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont a la cabeza. «Os invito a venir a Lledoners (la prisión en la que los líderes cumplen condena por sedición), hablaremos de todo, sin reproches y con respecto. Si queréis también hablaremos de indulto, y os explicaré por qué no lo quiero y por qué defiendo la amnistía», pedía Sànchez a los responsables de la Lliga.

Amnistía e indulto
Y es que aunque tanto la amnistía como el indulto sacaría a los líderes del 1-O de prisión, son dos escenarios bien distintos. Primero, por los trámites para la obtención. Se juega en campos distintos. Para la amnistía se precisa una mayoría cualificada en el Congreso –tiene que ser aprobada por ley orgánica–, mientras que el indulto puede conferirlo directamente el Gobierno. Segundo, por las connotaciones que caracterizan a uno y a otro proceso: la amnistía, según los expertos, sería como reconocer que los delitos no han existido, mientras que un indulto es una especie de perdón por un delito que admiten los condenados. De ahí que haya consenso para la amnistía entre los presos independentistas, pero no todos miran el indulto con buenos ojos.

Además de Sànchez también ha sido claro en despreciar el indulto el líder de Òmnium Cultural Jordi Cuixart, y otros lo han sugerido pero sin tanta rotundidad. Frente a ellos, en el bando que considera que el indulto también puede ser una salida a su situación, la voz que se pronunció con más nitidez fue la de la exconsejera de Educación de la Generalitat Dolors Bassa. En declaraciones a Rac1 defendió ayer esta opción: «Yo no quiero ser mártir, no soy (Nelson) Mandela», afirmó la exconsejera, que ahora disfruta de la semilibertad que la Generalitat le concedió a través de un tercer grado que le permite pisar la prisión solo para dormir de lunes a jueves. «Tenemos que pedir la amnistía y la solución política de todo el conflicto. Ahora, si me preguntas si estoy de acuerdo con el indulto, te digo que ¡y tanto!».

Y la exconsejera ahondó en sus explicaciones, apuntando implícitamente a sus compañeros que rechazan el indulto: «Si con un indulto podemos salir a la calle, ¿por qué me tengo que quedar en prisión?», añadió la política, que espetó que querer quedarse en prisión es «egoísta» porque «tienes todo un entorno dependiente de ti». El indulto les permitiría salir de una prisión que «es solo sufrimiento».

En un bando, los «Jordis», en el otro, Bassa. Pero muchos de los presos deambulan en el medio campo de la ambigüedad. Y algunos de ellos han matizado sus posiciones conforme veían pasar los meses entre rejas. Hace un año, el vicepresidente del gobierno de Puigdemont, Oriol Junqueras, era tajante: «El indulto se lo pueden meter por donde les quepa», espetaba entonces en Nació Digital. Decía que debían «asumir» el encarcelamiento, ya que «la prisión también es una manera de plantar una semilla, una oportunidad para explicar al mundo este conflicto». «Es un orgullo estar aquí por poner urnas», añadía. En síntesis, implícitamente asumía convertirse en mártir del secesionismo, de lo que rehuye Bassa. Con el tiempo ERC ha modulado esa rotundidad. Hace unos días Marta Vilalta, secretaria general adjunta de la formación que lidera Junqueras, veía con buenos ojos la petición de indulto que tres expresidentes del Parlamento catalán proponían para la también expresidenta de la cámara Carme Forcadell. «Bienvenidas sean todas las medidas», agradecía el pasado lunes, aunque recalcaba que «la vía para acabar con la injusticia del Estado español es la amnistía». En definitiva, los republicanos siguen siendo más partidarios de la amnistía pero ya no reniegan del indulto. Ese partido también quieren jugarlo.

El PDECat denuncia a JpC
Donde también vuelan los puñales, en otro orden de cosas, es bajo los escombros de la antigua Convergència. El PDCat ha tomado acciones legales contra JpC, la nueva marca registrada por el fugado Carles Puigdemont, porque considera que «no se llevó a cabo correctamente». El PDCat sostiene que había consensuado con Puigdemont y Jordi Sànchez –ahora secretario general de esa escisión– que el futuro de las siglas de Junts se decidiría conjuntamente y no de forma unilateral. Cinco senadores de JpC se dieron ayer de baja como asociados del PDECat «ante la deriva que está tomando el partido».