El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, general Laurentino Ceña, ha presentado su dimisión este martes, según confirman a Europa Press fuentes conocedoras de la decisión.
La decisión se ha tomado un día después que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cesara de su puesto en la jefatura de la Comandancia de Madrid al coronel Diego Pérez de los Cobos.
El DAO es el único cargo que no tiene límites de tiempo en el cargo, salvo que pida voluntariamente el cese o sea relevado. La previsión, según han explicaron fuentes de la Guardia Civil, es que hubiera sido relevado en marzo, pero se suspendió la decisión debido a la crisis del coronavirus. Fuentes de Interior han indicado que Ceña estaba pendiente de jubilación y se acordó con él que se mantuviera en el cargo hasta primeros de junio, aunque el DAO ha decidido dejar ya el puesto y solidarizarse así con Pérez de los Cobos.
El cese del responsable de la Comandancia de Madrid ha desencadenado en las últimas horas un intenso debate, ya que PP, Vox y Ciudadanos han pedido que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explique en el Congreso esta decisión. Estos partidos quieren saber si este relevo tiene que ver con que la Benemérita esté investigando por orden judicial si la manifestación del 8-M por el Día de la Mujer se permitió en Madrid pese a las advertencias de eventuales contagios por Covid-19.
Ceña fue uno de los mandos de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas que estuvieron compareciendo en La Moncloa por el Covid-19 hasta que el 25 de marzo se informó de que él mismo había contraído el coronavirus.
La dimisión del DAO de la Benemérita se produce después de que desde Interior se indicase este lunes que Marlaska había cesado a Pérez de los Cobos por "pérdida de confianza". La destitución de este mando de la Guardia Civil llegó tras conocerse que la semana pasada este Cuerpo de seguridad estaba elaborando, por encargo de la juez Carmen Rodríguez Medel, titular del juzgado 51 de Madrid, un informe dentro del sumario que investiga si se cometió algún delito al no prohibirse la marcha del 8-M en la capital.
En esta causa se trata de determinar si la Delegación del Gobierno en Madrid o el Ministerio de Sanidad infringieron la ley al no prohibir la marcha del 8-M, ya que según denunciantes personados en el proceso esto habría sucedido al haber sido advertido estos cargos públicos del riesgo de pandemia por Covid-19 y de que este virus se extendía en grandes concentraciones de personas.
Al mismo tiempo, otro asunto con el que se ha visto relacionada la Guardia Civil de Madrid en los últimos días es la protección de domicilios particulares de ministros ante las caceroladas ciudadanas. A este respecto, la vivienda del vicepresidente Pablo Iglesias en Galapagar (Madrid) fue vigilada con varios coches de la Benemérita tras iniciarse las protestas de la población frente a este inmueble.