El hachazo fiscal y la contrarreforma laboral tumbarían las inversiones y la contratación.

Los empresarios se rebelan contra las propuestas del PSOE a Unidas Podemos. Las principales patronales y organizaciones empresariales acusan a Pedro Sánchez y su equipo de plantear un programa electoral, más que un plan de Gobierno, que mermará la competitividad de las compañías españolas, dañará las inversiones, reducirá el crecimiento económico y retrasará la reducción del déficit. Esto "no parece la política más adecuada en un contexto de desaceleración de la economía y ralentización de la creación de empleo", advierten.

Coinciden en este diagnóstico las principales patronales y organizaciones empresariales españolas, instituciones de la talla de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), el Círculo de Empresarios, el Club de Exportadores, la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) o la Cámara de Comercio de EEUU en España (AmCham), que razonan que la mayor regulación, la reversión de lo que el PSOE define como "los aspectos más lesivos de la reforma laboral" y la subida de impuestos supondrán un freno a la inversión, lo que dañará el crecimiento.

Una de las medidas más críticas es precisamente la "contrarreforma del mercado de trabajo", lo que unido a una mayor subida de los costes laborales puede frenar todavía más la creación de empleo, advierte Luis Fabián Márquez, presidente de Analistas de Relaciones Industriales. "No tiene sentido sentido cargarse el acortamiento de la ultraactividad de los convenios colectivos y la primacía del convenio de empresa, porque nuestra negociación colectiva ya es demasiado rígida. Y me inquietan las subidas caprichosas del salario mínimo que pueden hacer que el SMI se coma los tramos mas bajos de los convenios colectivos, porque eso afectará a los precios y a la competitividad de las empresas", advierte.

La situación de la economía no es nada halagüeña. Por un lado, el empleo se ha frenado muy sustancialmente por la pérdida de dinamismo de la industria y el turismo, motivado por la desaceleración de la demanda europea, pero esta ralentización se empieza a extender ya al resto de los sectores, debido a que el menor optimismo entre los empresarios (en el que influyen las perspectivas de un Gobierno que desmonte las reformas) ha llevado al aplazamiento o paralización de muchas inversiones. Con ello, el PIB podría frenar hasta el 0,4% en los dos últimos trimestres del año, tras el 0,7% registrado entre enero y marzo.

Descuadre presupuestario
Al mismo tiempo, la subida de impuestos será insuficiente para compensar el aumento de gastos, lo que aguará el ajuste del déficit, ya bastante descafeinado. Y esto supone un problema en un momento en el que la deuda pública lleva cinco años estancada en torno al 100% del PIB a pesar del fuerte periodo de crecimiento desde 2014, y más cuando este ajuste se complica por la ralentización de la economía y la continua expansión de gastos del Ejecutivo, que ya prevé un desfase entre este año y el próximo de 32.000 millones de euros más de lo que marca el objetivo de déficit pactado con Bruselas.

En concreto, la subida de las pensiones con el IPC ya supone un sobrecoste de más de 2.000 millones este año, una factura que se elevará en el próximo ejercicio y que se agravará hasta el equivalente a 35.000 millones anuales en las próximas décadas con la supresión del Factor de Equidad Intergeneracional si no se encuentra otra fórmula que lo sustituya. A esto hay que sumar la mejora de la financiación para la educación hasta el 5% del PIB, lo que supone un gasto de 900 millones al año, la implantación de un Ingreso Mínimo Vital (hasta 5.500 millones de euros, según la Autoridad Fiscal), la mayor aportación en ayuda al desarrollo (aunque no está cuantificada) y la eliminación de copagos farmacéuticos (400 millones). En total, el coste para las arcas públicas ascendería a 9.000 millones de euros al año.

Todo ello, exigiría una subida similar de impuestos que dañaría la inversión, la actividad empresarial y el consumo. De hecho, Sánchez plantea una revisión de los tributos ambientales (como es el impuesto al diésel), un Impuesto sobre las Transacciones Financieras, una tributación mínima del 15% en el Impuesto sobre Sociedades para grandes empresas (hasta el 18% en el caso de la banca y las petroleras), la limitación de las exenciones de dividendos y plusvalías para las empresas, la subida de los tramos más altos del IRPF o la intención de promover un impuesto europeo al CO2. Sin embargo, la Autoridad Fiscal alerta de que el potencial recaudatorio de estas medidas es muy inferior a lo planteado por el PSOE (en algunos casos, cero), aunque muchas de ellas sí podrían desalentar la inversión y el crecimiento. Todo ello, complicará el ajuste del déficit, que el Gobierno ya sitúa en el 1,9% del PIB para el próximo año, cuatro veces más que el objetivo pactado con Bruselas.

Antonio Garamendi, presidente de CEOE

Desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) señalan que el plan de Sánchez pasa por retomar una batería de impuestos "la mayoría de ellos con incidencia en el sector empresarial, bajo el repetido mantra de que las empresas, sobre todo las grandes, pagan pocos impuestos", lo que "penalizará la internacionalización de nuestras empresas, encarecerá el coste de capital, y dañará la competitividad". "En un mundo con cada vez menos fronteras económicas, la búsqueda de aumentos de recaudación a corto plazo resta atractivo fiscal para las compañías y conduciría a nuestras empresas a una pérdida de competitividad".

El Círculo de Empresarios critica que la propuesta no tenga en cuenta la situaciónde la economía. "Los aumentos de ingresos mediante el incremento del impuesto de sociedades, los impuestos verdes y de servicios digitales o la tasa Tobin, ademásde inadecuados para el crecimiento y la competitividad, serán insuficientes para cubrir los gastos que se anuncian", asegura. También considera que el aumento del déficit público, con una deuda pública que se acerca al 100% del PIB, "no parece la política más adecuada en un contexto de desaceleración de la economía y ralentización del empleo", que se puede ver agravada por la marcha atrás a la reforma laboral.

Desde el Club de Exportadores e Inversores señalan que "las medidas presentadas porel PSOE no van en la línea de impulsar la competitividad internacional de las empresas españolas, que es justamente lo que necesitaría el sector exterior". "Desde 2018 nuestras exportaciones se están ralentizando y España está perdiendo cuota de mercadoen el comercio mundial. En nuestra opinión, hacen falta reformas estructurales para aumentar el tamaño de las pymes y para dotar de mayor valor añadido a nuestra oferta exportadora. Por el contrario, las subidas de impuestos y los cambios en la reforma laboral no son una buena solución para la economía española ni para las empresas".

"Entiendo que España está en desaceleracion y que otros países están a punto de entrar en recesión y no sé si la política de más impuestos, más gasto y más trabas a los generadores de empleo es lo que toca ahora", señala el presidente de ATA, Lorenzo Amor, aunque admite que el plan de Sánchez contiene algunas medidas que pueden beneficiar a los autónomos, como es el caso de la protección por desempleo. Sin embargo, reclama prestar atención a cómo se materializan estas medidas, ya que "se habla de diálogo social, pero eso significa que, si se sube el SMI, se tiene que hacer con el acuerdo de la patronal, no se puede no tener en cuenta a quien tiene que pagar los salarios".

"La propuesta de Sánchez demuestra que los empresarios y la sociedad civil van por un lado y los políticos por otro", señala Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, que reprocha que las medidas "parecen más un programa electoral que algo que tenga que estar en la agenda del Gobierno durante los próximos cuatro años". Las propuestas, además, están completamente desvinculadas de la situación de ralentización económica, ya que "no aportan nada en materia de creación de empleo ni en línea con lo que necesitamos los empresarios. No hay ninguna medida que vaya encaminada a lo que necesitamos las empresas, van dirigidas a un nicho de la población muy concreto".

"La oportunidad de seguir atrayendo capital extranjero, incluyendo inversión directa y en el mercado inmobiliario, se reduce con este planteamiento", señala Jaime Malet, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, porque muchas de las medidas penalizan a las empresas y los beneficios corporativos. Malet admite que algunas "políticas fiscales contracíclicas pueden tener sentido, pero siempre y cuando no se pierda la situación de deuda y déficit que tiene España, casi igual al PIB", por lo que un mayor descontrol de las cuentas "puede poner en riesgo la situación del país", ya que en ese caso sí que se llegaría a poner en peligro la inversión extranjera.

"Es fundamental contar cuanto antes con un Gobierno estable y centrado, pero en cuantoa las propuestas concretas, hay algunas que nos gustan más -como el impulso a la digitalización de las pymes o el refuerzo dela Formación Profesional- y otras que nos gustan menos, como la ausencia de iniciativas concretas para la internacionalización de las pymes o el aumento de impuestos sobre las empresas en un momento de incertidumbre como el actual, si bien en este apartado nos parece acertada la rebaja en la fiscalidad a las pymes", señala José Luis Bonet, que indica que "cualquier programa de Gobierno debería tener como una de sus prioridades favorecer la actividad empresarial".

Las propuestas del PSOE se traducen en "una política de subidas de impuestos que supone un riesgo para el consumo y el crecimiento", señala José Ignacio Alemany, presidente dela Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), que advierte de que "lo más perjudicial es realizar subidas descoordinadas como pretende Sánchez, ya que añaden más complejidad al ya caótico sistema fiscal español. "Además, la subida del Impuesto sobre Sociedades [con un gravamen mínimo del 15%] puede conseguir el efecto contrario al deseado, ya que las empresas no van a querer venir a España, con lo que el crecimiento de la actividad se moderaráy la recaudación caerá".


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