La Audiencia Provincial de Almería acoge este lunes el arranque del tribunal de jurado que debe dirimir la culpabilidad o no culpabilidad de Ana Julia Quezada, de 48 años, acusada de asesinato por la muerte violenta en febrero de 2018 del niño de ocho años Gabriel Cruz y de ocultar su cuerpo sin vida durante 13 días en los que la sociedad española se mantuvo en vilo, y se movilizaron 60 entidades y particulares que peinaron cientos de kilómetros cuadrados entre Las Hortichuelas y Rodalquilar, en Níjar.

La primera sesión del juicio incluye constitución del jurado y elección de los once miembros que lo han de conformar, dos de ellos suplentes, aunque el calendario prevé que se dé comienzó al interrogatorio de Quezada, para quien la Fiscalía y la acusación particular interesan la pena de prisión permanente revisable y penas que suman hasta diez años de cárcel por las presuntas lesiones psíquicas infligidas a los padres del menor.

Un total de 42 agentes de Policía Nacional velarán por la seguridad hasta el día 18, fecha en la que está previsto que el jurado popular se retire a deliberar. Los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) van a establecer un perímetro de seguridad en torno al Palacio de Justicia y van a reforzar la seguridad en el interior del edificio, cuyo acceso quedará regulado por la Guardia Civil. Posteriomente, custodiarán a los miembros del jurado en su reclusión para emitir veredicto.

La Junta de Andalucía ha invertido casi 80.000 euros en obras de emergencia en el edificio y en adecuar las salas de vistas para acoger, entre otros, el enjuiciamiento de Ana Julia Quezada, al que darán cobertura informativa 150 periodistas acreditados de 35 medios de comunicación.

Esta expectación mediática ha dado lugar a que los padres de Gabriel hayan solicitado amparo "ante las amenazas que la cita judicial" comporta para sus derechos fundamentales como "víctimas de delitos violentos", así como "respeto" a la "memoria" del menor, y de "la intimidad, el honor e integridad de su familia".

En un escrito remitido a diversas instituciones, entre ellas el Consejo Audiovisual de Andalucía y la Fundación Europea por las personas desaparecidas QSD Global, han solicitado que se "eviten" informaciones relativas a los informes forenses de su hijo "que puedan dañar su imagen y ocasionar un dolor enorme a su seres queridos", así como un uso "responsable" de esta. Patricia Ramírez y Ángel Cruz han pedido, asimismo, que no haya "interferencias" que pudieran "cuestionar que se trata de un juicio justo y con todas las garantías".


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