El Tribunal Supremo escuchará este viernes en vista pública los recursos de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) que confirmó en diciembre la condena de 9 años de prisión para los cinco miembros de 'La Manada' por abusar sexualmente de una joven en Pamplona durante los sanfermines de 2016, presentados tanto por las acusaciones como por las defensas.
La Fiscalía, la acusación particular que representa a la víctima y las acusaciones populares que ejercen el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra piden al Supremo que les condene por agresión sexual -es decir, por violación y no por abuso sexual- a 18 años de cárcel, mientras que los abogados de la defensa piden su libre absolución.
Los cinco condenados -José Ángel Prenda, Jesús Escudero, Alfonso Jesús Cabezuelo, Antonio Manuel Guerrero y Ángel Boza- se encuentran actualmente en libertad provisional hasta que el tribunal de la Sala Segunda del Supremo que revisará los recursos este viernes dicte sentencia firme. Fuentes jurídicas explican a RTVE.es que no hay fecha prevista para ello.
El TSJ de Navarra confirmó la condena inicial de la Audiencia de Navarra de abril de 2018, al concluir que los hechos probados son constitutivos de abuso sexual con prevalimiento -es decir, valiéndose de su superioridad-, pero que no hubo agresión sexual porque, argumentaba, no hubo ni la violencia ni la intimidación que exige el artículo 178 del Código Penal.
No fue, sin embargo, una decisión unánime. Dos magistrados del TSJN emitieron un voto particular argumentando que ellos sí veían violación porque la "encerrona" que los condenados tendieron a la víctima en el portal donde ocurrieron los hechos sí fue un acto de intimidación "para vencer" su voluntad que encaja con el tipo penal más grave.
La intimidación, clave de la futura sentencia del Supremo
Salvo el juez de la Audiencia de Navarra que emitió el voto particular pidiendo la absolución de La Manada, todos los magistrados que han visto el caso por ahora creen el relato de la víctima y sostienen que el vídeo que grabaron los acusados para nada muestra relaciones sexuales consentidas. Entonces, ¿por qué solo dos -los del voto discrepante del TSJN- ven agresión sexual y el resto, abusos?
La clave del caso y de la futura sentencia del Supremo está precisamente en la diferencia que el Código Penal hace entre abuso y agresión sexual. Los abusos sexuales se producen cuando alguien atenta contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento, pero sin que medie violencia y/o intimidación, haya o no penetración. Las agresiones sexuales requieren el uso de la violencia y de la intimidación. ¿Pero qué se entiende jurídicamente por estas?
La Audiencia de Navarra no apreció violencia porque esta debe entenderse, argumentó, como una "agresión física mediante el empleo de la fuerza" orientada a conseguir el fin pretendido. No consideraron probado que hubiera "una agresión real más o menos violenta o por medio de golpes, empujones, desgarros". El TSJ de Navarra tampoco apreció "ningún acto expreso de fuerza" por parte de los acusados para conseguir su propósito".
La "sutil línea divisoria" entre la prevalencia y la intimidación
La Audiencia de Navarra tampoco apreció intimidación, sino prevalencia, es decir que consiguieron el consentimiento "viciado" de la víctima para mantener relaciones sexuales valiéndose de su superioridad. El TSJ de Navarra fue un poco más allá al reconocer que existe una "sutil línea divisoria" entre la prevalencia y la intimidación, pero se decantó también por descartar que existiera esta última.
Sobre este particular, el tribunal superior argumentó que "no basta" que la víctima sienta miedo para que la intimidación quede probada. Es necesario que esta "sea deliberadamente provocada" por el imputado y que esa amenaza sea grave o inmediata. Los dos magistrados del voto particular, sin embargo, creen que sí se produjo una "intimidación ambiental" y que por lo tanto fue agresión sexual.
En esta misma línea, la Fiscalía plantea en su recurso, recogido por Europa Press, que los hechos debían haber sido tipificados de agresión sexual y no de abuso porque se realizaron "mediante intimidación suficiente para anular la voluntad de la víctima" y señala que no se debe exigir "de las víctimas actitudes heróicas que inexorablemente las conducirán a sufrir males mayores". Por ello pide 18 años de cárcel, diez de libertad vigilada y prohibición de acercarse a la víctima durante 20 años.
El Ayuntamiento de Navarra, por su parte, no solo ve intimidación, sino que también cree que hubo violencia física sobre la víctima "consistente en agarrar, sujetar, conducir, tirar del pelo, agarrar de la nuca (...) por parte de cinco personas de gran envergadura a una chica", informa la misma agencia.
Será el Tribunal Supremo el que tenga que determinar si fueron abusos sexuales o agresión sexual, o si les absuelve, como piden las defensas. La decisión está en manos de un tribunal formado por tres hombres y dos mujeres: Andrés Martínez Arrieta, que lo preside, y que junto a Ana Ferrer ha formado parte también del tribunal del juicio del 'procés'; Francisco Monterde, Vicente Magro y Susana Polo, que será la ponente. La esperada sentencia sentará jurisprudencia..

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